El asalto a la Constitución

“La mentira inunda la vida mexicana […] engaño en nuestra economía, que solo produce billetes de banco; mentira en los sistemas educativos; farsa en el movimiento obrero […] mentira en la política agraria […] somos gesto y apariencia y nada, ni siquiera el arte, se enfrenta a su verdad”. La mentira de México. Novedades, 11 de octubre, 1943, p.4

 

Jaime Bonilla, gobernador electo por Baja California, a la vieja usanza, “madrugó” al soberano que lo votó para gobernar dos años, ni uno más ni uno menos. Sin embargo, el gobernador electo no quedo satisfecho con 24 meses de gobierno, su ambición es más grande. De tal suerte, que se dio a la tarea de convencer y comprar conciencias de los legisladores y de los ocho partidos que integran la Cámara de diputados de Baja California.

Se habla que cada diputado recibió de Jaime Bonilla un millón de dólares, a cambio de aprobar una reforma local conocida como “Ley Bonilla”, que le permitiría gobernar al estado de dos a cinco años.

La maniobra legislativa rompió el marco constitucional del país, el cual señala los tiempos exactos y puntuales de los periodos de gobierno, incluyendo, por supuesto, el de Presidente de la República. De manera que “dejar hacer y dejar pasar” el asalto de Jaime Bonilla y la cámara legislativa cómplice a la Constitución General de la República constituiría un precedente que tendría repercusiones en todo el país, y despertaría ambiciones reeleccionistas en todos los niveles desde la cúpula del poder hasta la más modesta representación popular.

Dos municipios se opusieron a la “Ley Bonilla”, Tijuana y Mexicali.  Fue el presidente municipal de la capital quien interpuso una controversia constitucional contra el proceso de reforma legislativa local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y calificando la llamada “Ley Bonilla” de aberrante y “albazo legislativo”, toda vez que Mexicali no fue convocado para emitir su voto y su opinión.

Sánchez Vázquez explicó: “los ayuntamientos no tenemos que esperar la promulgación de la reforma, esta controversia tiene que ver contra el indebido proceso. Por eso es el momento procesal oportuno para venir alegar y pedir a la Suprema Corte que detenga este proceso de reforma”.

Las opiniones respecto a la intentona anticonstitucional llamada  “ley Bonilla” se han multiplicado tal es el caso de Olga Sánchez Cordero, que en su papel de ministra en retiro de la SCJN, considera que dicha ley por la que se le permitiría al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ampliar su mandato de dos a cinco años es inconstitucional. Aclarando que no intervendrá en el proceso, a fin de no violar la autonomía del congreso local que aprobó mayoritariamente la modificación de la constitución local. Agregó que la vía legal para evitar la extensión del mandato es la impugnación y acciones de inconstitucionalidad.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la cámara de Diputados dijo que este recurso “ha sido usado mucho en el pasado, y que el gobierno del PRI lo usaba para el despido de un gobernador. Otra vía es disolver los poderes en esa entidad llevando el caso ante la SCJN, y a las dos cámaras legislativas federales, formula que esta contemplada en la fracción Quinta del articulo 56 de la Constitución, señaló el tribuno.

La opinión que sorprende es la del recién nombrado subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien aceptó tener un punto de vista diferente al de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respecto a la “Ley Bonilla”. En su opinión es que el Congreso  de Baja California si tiene facultades para una reforma del calado de la “Ley Bonilla” para ampliar de dos a cinco años el periodo gubernamental de Jaime Bonilla.

El debate esta abierto, las controversias aumentarán, las opiniones en contra de la maniobra legislativa se multiplicarán, toda vez que los legisladores están incumpliendo la responsabilidad contraída con el soberano que los eligió. Ellos, los legisladores, no tienen otra obligación más que obedecer y cumplir la voluntad y respetar el voto popular que eligió como gobernador a Jaime Bonilla por solo dos años. Hacer lo contrario significa brincarse la ley.

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