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Más desvíos, ASF pide transparentar los recursos de cuatro dependencias

Francisco Vásquez

Más desvíos, ASF pide transparentar los recursos de cuatro dependencias

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) del gobierno del Oaxaca para que indague y esclarezca irregularidades cometidas en el manejo del presupuesto federal asignado a cuatro dependencias estatales en el primer trimestre de 2017.

Ya que la ASF en su informe preliminar detectó un probable daño al erario por más de 431 millones de pesos en la gestión del primer trimestre de 2017, el documento explica que el gobierno federal realizó cinco auditorías en las que detectaron presuntas irregularidades en el manejo de 443.7 millones de pesos, de lo que recuperaron 11.7 millones.

Las dependencias estatales en las cuales se detectó el presunto desvío de recursos son la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), el Régimen de Protección Social en Salud de Oaxaca mejor conocido como Seguro Popular y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El informe también detalló que se dieron movimientos financieros fuera de tiempo en el gasto federalizado de los ramos generales 33, 23 y otros, en el caso del Ramo 33 es un sistema diseñado para transferir a los estados recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de salud, infraestructura básica, programas alimenticios y de asistencia social.

Asimismo, el órgano fiscalizador señaló que la Secretaría de Finanzas no ha informado sobre el uso de los recursos que debían ser entregados a 14 municipios de Oaxaca durante el primer trimestre del año pasado.

De igual forma indicaron que falta esclarecer el manejo y destino de 97 millones 600 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef) que se otorgaron a la Sectur y Sinfra, así como 44 millones de pesos del Seguro Popular, entre otros gastos detectados y catalogados como irregulares.

Al respecto de los señalamientos, José Ángel Díaz Navarro, titular de la SCTG, aseguró ante medios de comunicación que no hay desvíos ni malversación de recursos del ejercicio fiscal 2017, ya que las observaciones que hizo la ASF a fuentes de financiamiento serán solventadas en tiempo y forma como lo marca la ley.

Agregó que, en cuanto a los movimientos fuera de los plazos establecidos que detectó la ASF con fecha 31 de diciembre de 2017 y de los cuales exigió que se presente la información del ejercicio, actualmente ya iniciaron un proceso de solventación de las observaciones.

En este contexto, detalló que ya han tenido reuniones con los titulares de las dependencias donde no se realizó el informe sobre el destino de los recursos federales, entre ellos Donato Casas Escamilla, encargado de despacho de los SSO y Antonio Tovar, director del Seguro Popular en la entidad, mismo que afirman que tienen la información requerida ya debidamente integrada para que a través de la SCTG sea corroborada y enviada a la ASF.

Por otra parte, en lo que corresponde a las observaciones hechas a la Sectur, la ASF señaló que al 31 de diciembre de 2017 todavía había dinero en la cuenta y por tanto será necesario comprobar en qué fue utilizado, sin embargo, Díaz Navarro señaló que no se revisa por dependencia ejecutora, se hace por ejecución del fondo.

En este sentido, el contralor del estado puntualizó que por acuerdo con la federación, se tiene hasta el último día de marzo para poder pagar los recursos, mismos que fueron ejercidos conforme a la ley, sólo se está a la espera de la comprobación correspondiente para entregar el reporte a la ASF, aseguró.

Por último, Díaz Navarro enfatizó que si en su momento hubiera rubros que no se pudieran solventar en tiempo y forma, la SCTG iniciaría las investigaciones correspondientes para que los servidores públicos de las áreas correspondientes asuman la responsabilidad, y en determinado momento pedir la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.