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Solicitan atraiga la Corte el caso de Raúl Bolaños

 

  1. Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

 

Uno de los pilares fundamentales de esta causa común que llamamos democracia es la división de poderes. En el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial residen las posibilidades de que los individuos se desarrollen en plena libertad y con la confianza de que este sistema provee la certidumbre necesaria para canalizar cualquier conflicto hacía los derroteros ciertos de la ley. En sus contrapesos reside la sabiduría republicana para dar a cada quien lo que corresponde, en el sentido más noble y elevado de la justicia.

Pero, del mismo modo, una deficiencia en los contrapesos, ya sea por su defectuosa articulación o por el peso excesivo de alguno de los poderes, fractura el equilibrio y provoca, al corto o al mediano plazo, una ruptura de los ejes que sostienen este edificio democrático, dando paso a la arbitrariedad en el ejercicio de gobierno y e, inevitablemente, a la vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Es en ese marco que presentamos la solicitud para que como miembros de la máxima autoridad judicial en nuestro país, EJERCITEN SU FACULTAD DE ATRACCIÓN del trámite de la queja 131/2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Estado de Oaxaca, presentada por el desechamiento del juicio de amparo 394/2018, que se tramita en el Juzgado Cuarto de Distrito del Decimotercer Circuito y que presentamos contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del titular del Poder Ejecutivo y del Congreso, todos del Estado de Oaxaca, dada la importancia y trascendencia de los actos ahí reclamados.

 

Efectivamente, los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia tienen la obligación de sujetarse al espíritu que se trasmina de los principios de nuestro código deontológico en los procedimientos que se siguieron para elegir al titular del Poder Judicial y al no hacerlo así, violaron flagrantemente varias de las disposiciones legales vigentes no solo en nuestro país y entidad, sino también en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en el marco de sus compromisos inalienables con el derecho internacional. La gravedad de esta violación pone en entredicho la independencia del Poder Judicial y trastoca el necesario equilibrio de poderes que da sentido y sustento a la soberanía de nuestro estado.

Nuestra demanda de amparo se sustenta, principal pero no únicamente, en que con fecha trece de marzo del dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca nombró como presidente, al licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán. La celeridad de su decisión pasó por alto algunos detalles que ya serían groseros si fuesen atribuibles a ciudadanos ajenos al conocimiento de la ley, pero que resultan imperdonables cuando la omisión fue obra de los magistrados integrantes de dicho poder.

Como es bien sabido, la misión principal de un magistrado es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; es decir, su labor lo mantiene en permanente contacto con los ordenamientos legales. Por ello, resulta inaudito que, al tomar esa decisión, hayan violado lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual establece que:

 

Artículo 103 El Consejo de la Judicatura será presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que elija el Pleno y que durará en ejercicio de sus funciones tres años pudiendo ser reelecto por un periodo más.

Para ser Magistrado Presidente se requiere un mínimo de tres años integrando sala.

Se desprende, del gerundio “integrando”, un requisito de acción simultánea; es decir, que al día de hoy quien puede calificar para ocupar la Presidencia del Tribunal debe, por un lado, estar integrando una sala y, por otro, haber acumulado ya más de tres años en esa condición. El artículo no se remite a un hecho del pasado, sino a un suceso que transcurresimultáneamente con el hoy día pues el legislador, atento a la necesidad de que el magistrado esté actualizado en el conocimiento de la materia y se mantenga en forma en el ejercicio de sus obligaciones, claramente usó el gerundio “integrando” para enfatizar que se requiere que la labor la realice hoy, ahora, y no en un brumoso pasado que poco podría tener que ver con las cambiantes exigencias del ejercicio de la magistratura.

Sin embargo, al momento de ser elegido presidente SIN existir vacante al cargo, el licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán ya no estaba en funciones como magistrado, pues en sesión de fecha 11 de diciembre de 2009, el mismo Pleno le había autorizado su petición de RENUNCIA por jubilación en forma voluntaria, con efectos a partir del 1 de enero de 2010. Es decir, al momento de ser elegido presidente del Tribunal tenía ya al menos 7 años retirado del ejercicio de magistratura.

Pero, más importante aún que su largo retiro del ejercicio, resalta el hecho de que el licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán nunca integró una sala; lo cual debió haberlo imposibilitado para ocupar el cargo referido, dada la carencia de un requisito establecido explícitamente por la ley.

¿A qué conduce una articulación irregular e ilegal de un poder? A la sospecha bien fundada de que el súbito consenso de voluntades para tomar una decisión de esta naturaleza se debió a la operación apenas encubierta de alguno de los otros poderes.

A ese efecto, hay que señalar lo que dice la Corte Europea:“la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas.” 

​Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado que la intromisión del Poder Ejecutivo en nombramiento de los titulares de la administración de justicia es incompatible con la independencia judicial.

La proximidad temporal del relevo del titular del Poder Ejecutivo del estado (que entró en funciones el 1 de diciembre de 2016) con el relevo del titular del Poder Judicial del estado, que ocurrió el 13 de marzo de 2017, hace presumible la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pues hay una regla de facto que casa la elección del nuevo titular del Poder Ejecutivo con el posterior y casi inmediato relevo de la titularidad del otro, mecanismo mediante el cual un poder subordina al otro al ajustar su titularidad a sus afinidades políticas. Si a eso agregamos el vínculo sanguíneo del actual presidente del tribunal con uno de los candidatos a ocupar un escaño a la Cámara Alta, decisión que depende en esencia de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo, los nexos de un poder con el otro resultan más que evidentes, lo cual, así establecido, daña profundamente la imprescindible separación de poderes que todo estado soberano necesita.

Pero, aparte de la ley mencionada, hay otras leyes relacionadas con esta decisión y que nos permitimos invocar. Estas son:

Los artículos 1, 2, 3, 4, 6, y 7 de la Carta Democrática Interamericana, que nos refieren a la democracia representativa como la forma de gobierno que está en la base de nuestro estado de derecho y, en ese sentido, de la obligación de los poderes por sujetarse a ese estado de derecho, el cual se concibe como como elemento fundamental para la convivencia democrática.

Los artículos 1, 2 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, la cual establece, entre otros derechos esenciales, el derecho a ser oído en condiciones de igualdad, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación del alcance de sus derechos y obligaciones.

Los artículos 2, 3 y 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que, explícitamente, establecen garantías para que aquellas personas que consideren que sus libertades o derechos han sido violados puedan interponer un recurso efectivo, “aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”; y la imposibilidad de los estados de“realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto…”. Es decir, la investidura oficial no le concede a nadie el derecho de actuar en detrimento de los derechos de los otros, y los estados no pueden restringir el ejercicio de los derechos asentados en el pacto y en las leyes internas de los pueblos firmantes.

Los artículos XXVII, XVIII y XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que hablan de los derechos de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles y de justicia. En esencia, estos artículos prescriben la facultad de las personas para ocurrir a los tribunales a efecto de hacer valer sus derechos.

Los artículos 1, 2 y 8, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que aluden al compromiso de los estados que forman parte de la misma en el sentido de respetar los derechos reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todapersona que esté sujeta a su jurisdicción; pero que también asegura el derecho de las personas “a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial (…) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

 

​En síntesis, las leyes mencionadas nos conceden facultades para inconformarnos, en nuestro carácter de ciudadanos, contra un acto irregular de otro grupo de ciudadanos que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales; así como las de que nos atienda un Tribunal independiente en un plazo razonable. Y explícitamente deniega cualquier posibilidad de que alguna autoridad se coloque por encima de nuestros derechos y restrinja al desoírnos, el ejercicio de nuestros derechos y libertades ampliamente establecidos en los códigos aludidos.

En función de lo antedicho, y porque nos parece que un hecho de esta gravedad no debe quedar fuera del conocimiento e interés de los ciudadanos, dado que ello supone una alteración del equilibrio de poderes y abre las puertas a la arbitrariedad y a la peor de las versiones de una política que se desnaturaliza en aras de los compadrazgos, los cuales terminan sustituyendo los dictados de la ley por el peso de las relaciones personales, es que hemos decidido solicitarles el ejercicio de su Facultad de Atracción de un asunto a todas luces importante para quienes habitamos el estado de Oaxaca y sin duda transcendental en la vida de democrática y de respeto al Estado de derecho de nuestro país.

Al mismo tiempo, anticipamos que exploraremos todos los caminos legales necesarios que nos permiten devolverle a los ciudadanos una institución con la autonomía e imparcialidad necesaria que le asegure a los oaxaqueños la confianza de que esta institución sabrá velar efectivamente por sus intereses…

Oaxaca de Juárez, abril de 2018.

 

C. RONALDO VÁSQUEZ TAPIA

Representante común de los quejoso