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Amparo contra nombramiento de Bolaños Cacho en Tribunal

Laura Díaz

Amparo contra nombramiento de Bolaños Cacho en Tribunal

Una solicitud de amparo a la justicia federal solicitó el ciudadano oaxaqueño Josué, contra el acto ilegal que efectuó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al nombrar presidente a Raúl Bolaños Cacho Guzmán.

El amparo fue presentado ante el juez de distrito en turno del XIII Circuito en Oaxaca, por considerar que con esa acción el Pleno del Tribunal violó la Constitución Política federal, la local y los convenios, tratados y acuerdos internaciones signados por el Estado mexicano para garantizar la inamovilidad de los magistrados y la imparcialidad en la impartición de justicia.

El demandante explicó que el 13 de marzo de 2017 se nombró al licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente interino del Tribunal y él se enteró del suceso el 29 de marzo actual, cuando se dio a conocer en los medios de comunicación la ilegalidad de ese nombramiento.

Aclaró que existe violación a la ley “desde el primer momento en que se dio hasta la fecha, puesto que se trata de una violación de un derecho colectivo como lo es el acceso a la justicia pronta, completa e imparcial y todas las garantías que lo rodean”.

Manifestó que la acción del Pleno se dio después de la licencia que presentó el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera como presidente constitucional del Tribunal Superior de Justicia, “que venía ejerciendo por un periodo de 4 años a partir de enero de 2016”.

Explicó que el 11 de diciembre de 2009, el Pleno del Tribunal autorizó la petición de jubilación voluntaria que solicitó Raúl Bolaños Cacho, con efectos a partir del uno de enero de 2010; sin embargo, al presentarse ante el Pleno se hizo aparecer “como magistrado en funciones y con pleno ejercicio de sus derechos”, lo que resultó falso.

La acción violó todas la leyes de Oaxaca, del país y los tratados internacionales, pues el Pleno del Tribunal nombró a una persona presidente, sin ser magistrado en funciones y sin reunir los requisitos de ley, “un atentado a la autonomía e independencia al Poder Judicial y un atentado al Estado de derecho de Oaxaca y el derecho de los oaxaqueños de contar con autoridades legítimas nombradas conforme a derecho”, escribió.

El demandante consideró que se violaron la Carta Democrática lnteramericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Razonó que con la acción, el titular del órgano de administración de justicia y el máximo órgano jurisdiccional del estado, no garantizan la independencia del Poder Judicial estatal, al nombrar presidente a una persona que no era magistrado en funciones y sin reunir los requisitos de ley.

Explicó que al momento de su nombramiento, Raúl Bolaños Cacho Guzmán era magistrado en retiro, toda vez que se encontraba con el carácter de jubilado, cobrando como tal y en retiro de sus funciones jurisdiccionales.

Manifestó que el artículo 103 de la Constitución Política local establece que para “ser Magistrado Presidente se requiere un mínimo de tres años integrando sala” y que Raúl Bolaños Cacho Guzmán, el día de su elección no era magistrado en ejercicio, sino magistrado en retiro, jubilado, y jamás había integrado alguna Sala del Tribunal.

Estableció que esa irregularidad del Pleno del Tribunal atenta contra el principio de legalidad que establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Carta Democrática lnteramericana, cuando establece el respeto al Estado de derecho.

También atenta contra el derecho fundamental del acceso a la justicia mediante tribunales autónomos, independientes e imparciales, que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Consideró que es paradójico e irracional que un tribunal sea quien violente el imperio de la ley, como así lo hicieron tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, como el ahora presidente interino de ese Tribunal, lo que trae como consecuencia un descrédito y desconfianza en la administración de justicia.

Recordó que la Corte lnteramericana resalta la necesidad de la separación de los poderes públicos para garantizar la independencia de los jueces, lo que supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas.

Al explicar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó que la intromisión del Poder Ejecutivo en nombramiento de los titulares de la administración de justicia es incompatible con la independencia judicial, recordó que desde la toma de posesión del gobernador Alejandro Murat se difundió la idea de un cambio en la Presidencia del Tribunal.

Esa acción dada a conocer con antelación se concretó el 13 de marzo de 2017, “por lo que se presume la intromisión del Ejecutivo sobre el Judicial, pues históricamente todos los Titulares del Poder Judicial han coincidido con el periodo del Ejecutivo en turno”.

Con esos antecedentes, consideró que cuentan con un interés legítimo para impugnar la violación al Estado de derecho, al imperio de la ley, a la independencia del acceso a la justicia, pues todo el aparato de administración de justicia estatal se encuentra en la ilegalidad por el nombramiento irregular del presidente interino del Tribunal.

Al considerar que el Estado debe actuar con la debida diligencia para generar las condiciones necesarias y adecuadas para que todas las personas puedan ejercer libremente todos sus derechos, el quejoso solicitó el acceso al estudio del acto reclamado por tribunales competentes, buscando siempre la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.

Por lo que solicitó se le otorgue el “amparo y protección de la justicia de la Unión” ante la irregularidad en que se desempeña Raúl Bolaños Cacho Guzmán como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.