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Corrupción y represión obstaculiza solución para los triquis desplazados

Rebeca Luna Jiménez

Corrupción y represión obstaculiza solución para los triquis desplazados

“La represión viene del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo), Arturo Peimbert Calvo, y del gobierno del estado, para que no sigamos exigiendo un lugar en dónde vivir, 40 terrenos queremos y se nos tome en cuenta porque fuimos expulsados de la región Triqui”, es la demanda que plantearon algunos de los desplazados que se encuentran en plantón frente al Palacio de Gobierno.

El desplazamiento de familias de la región triqui el 25 de enero de 2012, hoy en día ha generado corrupción, enriquecimiento ilícito y la represión, pues después de que a 76 indígenas se les otorgaron las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hoy son al menos cinco grupos, de los cuales la mayoría ha recibido ayuda mediante el favoritismo y el convencimiento.

El 29 de mayo de 2012, la CIDH, dependiente de la Organización de los Estados Americanos, solicitó al presidente Felipe Calderón y al gobernador Gabino Cué que adoptaran las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los 76 miembros de la comunidad indígena triqui de Valle del Río.

Al otorgarse las medidas cautelares de un sólo grupo se fueron formando cinco grupos que hay hasta el momento, muchos de ellos como el de Reyna Martínez cobran dinero, reciben despensas, pago de gasolina, saldo para tarjetas de teléfono celular y hasta el pago de la renta de un local para vender artesanías, dijeron los entrevistados.

Lorena Merino, indicaron, es quien ha solicitado los 40 lotes para reubicar a las familias triquis, mientras que otros grupos encabezados por Reyna Martínez, Braulio Martínez, Sergio Cepeda y Mariana Flores, sólo mantienen su presencia en los corredores del palacio.

Destacaron que desde el pasado viernes que iniciaron un plantón en las puertas del Palacio de Gobierno, en vez de atenderlos, el gobierno envió tres patrullas con policías estatales para amenazarlos con desalojarlos, por lo que siguieron acusando la represión de Peimbert Calvo y de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

Recordaron que en agosto de 2013 con la ayuda de Mariana Flores y Braulio Martínez firmaron otra acta constitutiva, acto por el cual recibieron 5 millones de pesos a través de Arturo Peimbert Calvo, dinero con el que sólo se benefició a algunos grupos y a los desplazados de San Juan Copala, de San Miguel y de San Pedro del Valle.

Posteriormente, ese mismo año, dichos grupos lanzaron una acusación de trata de menores que provoco tres órdenes de aprehensión sobre el caso de Noemí Cruz Santiago, quien hoy tiene 19 años y pertenece al grupo de Reyna Martínez, por esa mentira, los padres de la supuesta víctima recibieron 130 mil pesos, a pesar de que la madre tenía una acusación de violencia intrafamiliar contra su hija.

Agustín Ramírez dijo que la difamación en medios de comunicación fue dolosa, pues no hay carpeta de investigación, sólo para desprestígialos, también recordó los 80 mil pesos que Arturo Peimbert entregó a Maribel Hernández, quien era dirigente, así como a Pablo Zacarías, por lo que aseveró, “lo que queremos saber es para qué son los derechos humanos en Oaxaca, si es para reprimir o darle respaldo sólo a unos”.

Por ello, los manifestantes pidieron que se esclarezca la situación, pues, las medidas cautelares beneficiaron sólo a dos familias, además el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y los representantes del grupo de desplazados triquis se pronunciaron por el cumplimiento a las medidas cautelares, otorgadas por la CIDH y demandaron atención inmediata a los derechos de los niños triquis.

Cabe recordar que la medida cautelar que otorgó la CIDH y que involucró al gobierno de Oaxaca pidió a la administración estatal concertar las medidas que adoptó para proteger a los beneficiarios y sus representantes; e informar sobre las acciones tomadas para investigar los hechos, en los que la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro perteneciente a San Juan Copala, fue allanada por aproximadamente 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva, el pasado 25 de enero de 2012, con el objeto de desalojarlos de las tierras donde tenían constituida su comunidad; se introdujeron de forma violenta allanando las casas para correrlos de sus propiedades.

Por otra parte, en 2008, unas 15 familias de las localidades San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y Ladera, fueron desplazados de su comunidad por situaciones de intolerancia religiosa, de violencia por división de partidos políticos, por presión de grupos armados y paramilitares, y sobre todo la comunidad de San Miguel Copala, ya que sus habitantes fueron exterminados.

El señor Roberto Cárdenas Rosas solicitó medidas cautelares para él y otras personas a la CIDH, mismas que fueron otorgadas el 16 de agosto de 2001.

Al ser desplazados y no contar con un lugar dónde vivir y tierras qué cultivar, se establecieron en unos terrenos ubicados a un lado de cuadrilla de Gregorio Álvarez, y crearon el asentamiento Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala, que ancestralmente ha sido territorio indígena triqui.