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Impunes, delitos por manifestaciones en Oaxaca

Citlalli Luciana

http://www.nvinoticias.com/nota/87015/impunes-delitos-por-manifestaciones-en-oaxaca

Si bien la manifestación es un derecho constitucional, excederse y afectar el libre tránsito de terceros está sancionado de manera penal.

“El ataque a las vías de comunicación, así como afectación al libre tránsito de terceros, son ilícitos que son penados tanto en el ámbito estatal como nacional”, señaló el abogado y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Jaime Mayoral.

El Código Penal para el Estado de Oaxaca establece claramente en el artículo 168 Bis, las sanciones con cárcel ante prácticas en las que comúnmente incurren los grupos manifestantes como lo es el secuestro de unidades de transporte público.

El articulado precisa que “al que se apodere de uno o varios vehículos de motor destinados al servicio público o interrumpa o lesione el servicio a que están destinados, sin intención de apropiarse de ellos, se le aplicará sanción de uno a seis años de prisión y multa de mil a cinco mil pesos”.

De la misma manera, el artículo 169 establece imposición de tres días a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos a quienes destruyan en todo o en parte, o paralice por otros medios de los especificados en las Fracciones anteriores, una máquina empleada en un camino de hierro, o una embarcación, o destruya o deteriore un puente, un dique, una calzada, camino, o una vía.

En la realidad -precisó el abogado- las sanciones no se cumplen porque prevalece la negociación y acuerdos políticos antes que la ley y el estado de derecho.

“La constitución establece como un derecho la manifestación pública siempre que sea respetuosa, pero cuando se cierra una calle y yo no puedo pasar es un ataque a mi derecho a transitar libremente y están atacando las vías de comunicación”, expuso.

Consideró que en Oaxaca hay una exageración de la movilización, pues si bien tienen derecho a manifestarse, esto se debe de realizar con respeto a los derechos de la ciudadanía.

La aplicación de la ley -agregó- se hace de manera selectiva, pues si bien se ha ejercido contra pequeños grupos que no pertenecen a organizaciones, con los grandes antes aplican la negociación.

“El Estado parece que actúa en sentido contrario, protege a quien agrede y deja desprotegida a la víctima porque hay intereses políticos y a las organizaciones se les ha dejado crecer”, manifestó.