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Halla Vasconcelos impunidad y desorden en Fiscalía de Oaxaca

Juan Zavala

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En Oaxaca, un porcentaje mínimo de los delitos que se denuncian ante la Fiscalía General del Estado son resueltos, un gran número de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables no se ejecutan, los ministerios públicos acumulan miles de expedientes en sus escritorios desde hace 10 años y sin ningún avance en las investigaciones, y la dependencia no cuenta siquiera con un sistema de información o base de datos.

El resultado es que en 2016, 80% de los delitos que se denunciaron quedaron o permanecen en la impunidad, otro tanto fue llevado ante un juez –lo que no implica que haya justicia–, y el restante se resolvió a través de salidas alternativas como la mediación o conciliación.

Así es el análisis del nuevo fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien fue electo por los diputados de la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado el pasado 12 de mayo de 2017. “Esto afecta a la procuración de justicia”, afirma, “y afecta a la sensación de impunidad dentro de la sociedad”.

Sin base de datos

Hijo del ex cronista de la ciudad y ex funcionario de la Procuraduría General de la República, advierte el primer desorden en la información: la Fiscalía carece de un modelo, sistema o base de datos, que concentre la información del trabajo que realiza no sólo de las carpetas de investigación o averiguaciones previas que se inician, sino también de aspectos que miden el trabajo de los ministerios públicos como las diligencias que se acuerdan, las audiencias en las que participan, las sentencias obtenidas, la ejecución de órdenes de aprehensión.

“Si ustedes me preguntan en cuántos asuntos del Ministerio Público se obtuvieron sentencias condenatorias el año pasado, no lo sé. Apenas estoy recabando esa información”, dijo.

La tarea fundamental de la Fiscalía es la investigación de los delitos, y es precisamente aquí, donde está quizá el mayor rezago. En 2016 se abrieron 25 mil 444 carpetas de investigación y únicamente se judicializaron –llevaron ante un juez– 4 mil y 3 mil se resolvieron a través de una mecanismo alterno. El resto, más de 18 mil 400 no ha encontrado ninguna solución.

“Es decir, 80% que para nosotros es impunidad. Porque los casos tienen que encontrar una solución y el nuevo sistema de justicia penal ofrece siete vías o mecanismos procesales para resolver los casos”, reconoce el Fiscal.

En algún lugar, se respondió, se atoran los asuntos, hay un mal diseño organizacional, los ministerios públicos no están realizando bien las investigaciones o simplemente no están haciendo nada respecto a estas investigaciones: “porque como sucede en todo el país, y hay que decirlo, los ministerios públicos creen que su labor acaba únicamente recibiendo la denuncia”.

Falta de información

El rezago y la falta de información es similar en la ejecución de las órdenes de aprehensión. Rubén Vasconcelos únicamente contó con datos referentes a la región del Istmo de Tehuantepec. Ahí, precisó, 288 órdenes de aprehensión no se han ejecutado según porque no se localiza al responsable o simplemente no hay ningún tipo de razón legal o de otro tipo, el por qué no se han llevado a cabo, “eso también es conocido por todos”, apuntó.

“El Ministerio Público es vel fiscal general, los demás son sus agentes, y no es posible que el Fiscal General no tenga la información sistematizada sobre las órdenes que están vigentes, cuáles se han girado, cuáles ya prescribieron”.

Rubén Vasconcelos aceptó que algunos ministerios públicos tienen hasta mil 100 expedientes o carpetas de investigación en sus escritorios, lo que en consecuencia impacta en la calidad de las investigaciones; pero también puntualizó que se trata de casos que se arrastran desde hace 10 años y como en muchos casos, son sólo receptores de denuncias y no realizan ningún tipo de investigación.

Para el nuevo Fiscal de Oaxaca el reto es mejorar los procesos de investigación, la labor que realizan los ministerios públicos, los peritos y los agentes de investigación; en tener bien diseñado un instrumento legal y organizacional que permita dar atención específica a casos relevantes, graves, que dañen seriamente a la sociedad.