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Se agudiza en el Istmo de Tehuantepec inconformidad por proyectos eólicos

Rebeca Luna Jiménez

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Ciudadanos de la agencia de Puente Madera, comunidad de San Blas Atempa, anunciaron una movilización para el próximo 4 de abril sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán-Tehuantepec.

 

La inconformidad de la comunidad se debe al despojo de sus tierras, pues dijeron que están siendo visitados en sus casas por personas con el argumento de que serán beneficiados con todo tipo de proyectos, pero “en realidad, estas firmas servirán de soporte ante el gobierno de que todos los habitantes están de acuerdo con la instalación de los aerogeneradores para una planta eólica en este poblado ubicado a 230 kilómetros al oriente de la ciudad de Oaxaca”, señalaron.

 

El 1 de abril, los ciudadanos de Puente Madera dieron a conocer su inconformidad a través de la radio comunitaria Atempa, ya que no permitirán la construcción de ninguna planta eólica, por lo cual el próximo martes realizarán un bloqueo sobre la carretera a partir de las ocho de la mañana en el kilómetro 276, tramo Juchitán-Tehuantepec.

 

Queremos ser escuchados por funcionarios del gobierno estatal, saber del alcance de una firma de convenio que se hizo en las instalaciones militares el mes pasado, donde piensan despojarnos de nuestras tierras, aseveraron los ciudadanos.

 

Refirieron no haber sido tomados en cuenta por las autoridades municipales y reiteraron que no permitirán que acudan personas ajenas a la población para que firmen hojas con el pretexto de ser beneficiados con proyectos, por lo que exhortaron a los ciudadanos a no firmar dichos documentos.

Se amparan contra eólicas

 

Preocupados por proteger los derechos de los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec ante la creación de la Zona Económica Especial, organizaciones de 11 municipios de la región que conformaron la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio presentaron un amparo colectivo ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz.

El grupo integrado por indígenas binnizá (zapotecos), Ikoots (huaves), mixes, chontales y zoques explicó que “el amparo colectivo regional interpuesto tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Los ciudadanos concluyeron que la segunda fase de desarrollo eólico es el inicio de las acciones en la Zona Económica Especial, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y sólo benefician a las empresas privadas.

“Este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”, aseveraron.

En este sentido, destacaron la importancia de la acción constitucional propuesta para que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, la libre determinación, la identidad cultural y a un medio ambiente sano.

La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio está integrada por más de mil 800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Mateo del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec.

Uno de los miembros de esta organización señaló que la segunda fase de expansión eólica en el Istmo pretende la generación de tres mil 683 megavatios, lo cual implicaría casi triplicar la producción de energía eólica actual en la región que son dos mil 192 megavatios, con alrededor de mil 900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

Agregó que, desde hace varios años, han visto cómo se han impuesto parques eólicos en sus comunidades los cuales han afectado seriamente su vida, cultura y bienes naturales, vulnerando el tejido de las comunidades.

Al respecto, los inconformes consideraron que la segunda fase de expansión eólica llega de manera impuesta y con promesas de desarrollo y crecimiento, igual que la primera.

Pero, a pesar de sus promesas, los resultados reales que han visto en más de 10 años de la presencia de estas empresas son el acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado.

En cuanto a los beneficios, los manifestantes precisaron que han sido mínimos, ya que nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como industrias alimenticias, constructoras y mineras.

Hicieron hincapié en que las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios, por ejemplo, sólo en Juchitán, donde hay 12 parques eólicos, en 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 mil 859 millones 604 mil 530 pesos.

También ha aumentado la migración por el desempleo, hay impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelos, el agua y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Esto, sin contar el proceso de división al interior de las comunidades, ya que “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores”, señaló.

Por este motivo, advirtieron que la creación de la Zona Económica Especial en la región del Istmo es la validación de una política económica de despojo.